El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita eliminar el programa de parole humanitario implementado bajo la administración de Joe Biden, el cual ha permitido que más de 500.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivan y trabajen temporalmente en territorio estadounidense.
La apelación de emergencia, presentada por el Departamento de Justicia, marca un nuevo intento de la Casa Blanca por revertir decisiones judiciales que hasta ahora han bloqueado la agenda migratoria del segundo mandato de Trump.
“Se trata de una de las decisiones de política migratoria más trascendentes de esta administración”, señala el documento remitido al máximo tribunal.
¿Qué está en juego?
El programa de parole, vigente desde 2022, ofrece a ciudadanos de los cuatro países un permiso para residir y laborar en EEUU durante un período de hasta dos años, siempre y cuando cuenten con un patrocinador y aprueben controles de antecedentes. La Casa Blanca sostiene que, al eliminar este programa, busca frenar la inmigración irregular y restaurar el control sobre la frontera.
Sin embargo, una orden judicial emitida por la jueza federal Indira Talwani, en Massachusetts, bloqueó temporalmente la decisión del gobierno, al considerar que no se había realizado una revisión adecuada caso por caso, como exige la ley. Un tribunal de apelaciones en Boston respaldó esa postura a inicios de mayo, argumentando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, posiblemente no tiene la autoridad para cancelar el programa de manera generalizada.
La apuesta por la Corte Suprema
El gobierno de Trump ha solicitado ahora al máximo tribunal que intervenga, argumentando que las decisiones de las cortes inferiores “trastornan políticas de inmigración críticas” y socavan el poder del Ejecutivo. Insiste en que los beneficiarios del parole sabían que se trataba de una medida “temporal, discrecional y revocable”.
Aunque los jueces aún no han evaluado si Trump tiene derecho a poner fin al programa de forma definitiva, el fallo pendiente podría determinar qué sucede con los beneficiarios mientras el litigio continúa.
La Corte Suprema escuchará los argumentos orales el próximo 15 de mayo en un caso relacionado con ciudadanía por nacimiento.
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